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«MANO DURA A LAS CONCESIONARIAS»

«MANO DURA A LAS CONCESIONARIAS»

La historiografía existente ha tendido a calificar la política de López hacia los trusts del petróleo como de tibia y conformista. Obviamente, ante la magnitud de lo actuado a partir de 1943 con Isaías Medina y, mucho más, a partir del periodo 45-48 con la Junta Revolucionaria de Gobierno y el advenimiento de nuevas condiciones internacionales, tal pareciera que hubiese sido el caso.

Si tradujéramos a cifras el rescate del control sobre el petróleo a través de medidas de tipo impositivo, observaremos que la participación del Estado en las ganancias de la industria alcanzó, en medida promedio, un 13% en tiempos de López (no muy distinto al registrado durante el régimen de Gómez). En tiempos de Medina, la cifra subiría a 16%, pero se combinaría rápidamente con el 30% derivado de la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, dando un total de 46% como volumen de lo que el Estado le pecharía a las empresas. Ya con Rómulo Gallegos en la Presidencia, en 1948, la cifra terminaría alcanzando el famoso “fifty-fifty” anhelado por muchos sectores. De allí en adelante, dentro de un marcado sentido de continuidad de la política petrolera nacional, las ganancias para el Estado habrían de continuar aumentando de manera progresiva.

Si en algo se habían tornado verdaderamente duchos los consorcios internacionales del petróleo que operaban en el país era en el arte de declarar falsos arqueos de lo transportado a bordo de sus naves y, no menos, a la hora de relativizar los aranceles, evadir impuestos de exportación o solicitar que se les concedieran toda clase de exoneraciones. De hecho, el periodo de López atestiguó, a nivel del Congreso Nacional, el propósito de que se promoviera una reforma favorable al país de la llamada Ley de Boyas y Faros, promulgada bajo el régimen gomecista. Si bien tal reforma fue aprobada a nivel de la Cámara de Diputados con modificaciones severas y rigurosas, el proyecto feneció de muerte natural al llegar a las puertas de la Cámara del Senado. Rómulo Betancourt la calificaría de “ley nonata”. Otras disposiciones beneficiosas al país, y establecidas en el marco de leyes aprobadas a partir de 1936, corrieron con similar suerte ante la poderosa influencia que ejercían las petroleras en el ánimo de algunos congresistas e, incluso, entre integrantes de la entonces Corte Suprema.

Si bien la violación de las leyes nacionales devino en práctica recurrente por parte de las compañías, y si bien voces resueltas y llenas de previsión nacionalista como las de Néstor Luis Pérez o Alberto Adriani vieron frustrados muchos de los esfuerzos emprendidos en tal sentido desde el gabinete de López, la política petrolera durante este periodo fue, con todo, llamativamente distinta en ciertos aspectos al pasado inmediato.

Tanto así que, pese a lo cauto y prudente que fue a la hora de no exacerbar la sensibilidad de las empresas extranjeras, el régimen de López se inclinó por negarse a otorgar nuevas concesiones en materia petrolera. Esto deviene justamente en confirmación de lo que podía leerse como signo distintivo. Para un régimen que, como el de Gómez, había complacido hasta los extremos a quienes se habían aficionado a esa clase de negocios (entre 1922 y 1935, Gómez otorgó un promedio de 323 concesiones por año), el cambio ante los métodos del pasado parecía haberse hecho evidente en este punto. Tulio Chiossone, testigo relevante de lo actuado durante la gestión de López, cita, para mayor abundamiento, las propias palabras del Presidente: “Aunque hubiera sido fácil para el gobierno arbitrar fondos para el desarrollo de las diversas obras emprendidas en el país, otorgando nuevas concesiones petroleras, asumí la responsabilidad de suspender toda negociación de esta naturaleza (…) por creer que esa medida contribuiría a valorar la riqueza petrolera, al mantener sus reservas para ulteriores operaciones”. A la cola de la cita, y a propósito de tal medida, asomaría un dato significativo: “[Ya] para la explotación directa o para lograr, más tarde, que los contratistas pagasen los beneficios justos a que tiene derecho la Nación”. Lo dijo así, durante su último Mensaje Presidencial de 1941, dejando ligeramente entreabiertas las puertas para un manejo de la industria petrolera menos sujeto a los caprichos y deseos de los trusts.

Podría argumentarse incluso que las concesionarias hallarían la forma de seguir haciendo de las suyas; sin embargo, la política de no otorgar nuevas concesiones, acerca de lo cual se ufanaría López, y que Chiossone hubo de recalcar, deviene en punto de interés. En términos generales esto es lo que, años después, afirmaría el propio López acerca de su gestión en materia de hidrocarburos: “La cuestión petrolera (…) fue manejada con ecuanimidad y espíritu patriótico, efectuando convenios especiales, reclamos y solicitudes de colaboración, dentro del mejor deseo de proteger al capital extranjero, pero sin perjudicar a la nación”. Como puede verse, al menos ya se advierte aquí la intención de evitar una política que consistiera en seguir dispensando libremente sin reparar en lo que se entregaba.

En todo caso –y para ello convendría citar la opinión del historiador Simón Alberto Consalvi–, el estallido de la II Guerra Mundial en 1939, cuando aún faltaba casi año y medio para que concluyese el mandato de López Conteras, aconsejó un armisticio en medio de la prueba de fuerza que venían librando el propio López y sus ministros Néstor Luis Pérez y Manuel Egaña por un lado, y las compañías petroleras, por el otro. La autorizada opinión de Consalvi agrega, de seguidas, lo siguiente: con todo y que el poder de los trusts siguiera siendo considerable en Venezuela, a partir de López Contreras no pareció ser exactamente el mismo que había disfrutado en tiempos de Juan Vicente Gómez.

El documento que a continuación se presenta es una carta dirigida por Rufino Blanco Fombona a López Contreras, la cual reposa en el archivo personal del expresidente, y data de noviembre de 1937. Blanco Fombona, quien había retornado al país en 1936 (ver la sección “El retorno de los exilados”) y que ejercería distintos cargos durante el quinquenio lopecista, se desempeñaba por ese entonces como administrador del Puerto de Güiria. Si había algún temperamento incapaz de hacerle concesiones al “imperialismo yanqui” era precisamente este exponente del modernismo literario venezolano quien, al igual que muchos de sus contemporáneos en el mundo de las letras, sentía aprensión frente al “avance” de los Estados Unidos hacia una posición cada vez más cenital a nivel hemisférico. En dicha carta, RFB se ufana de haber rescatado para la nación una suma nada despreciable para la nación por concepto de exoneraciones no otorgadas a la Standard Oil, la cual, no mucho tiempo antes, había entrado a desarrollar la región petrolífera del oriente del país.

                                                                                                                                                                                       EMG

 

CARTA DE RUFINO BLANCO FOMBONA A ELEAZAR LÓPEZ CONTRERAS

Güiria, 11 de noviembre de 1937
El Administrador de la Aduana (Güiria)

 

Güiria, 11 de noviembre de 1937

Señor General
E. López Contreras
Palacio de Miraflores
Caracas.-Mi querido general y amigo:

Por telégrafo lo he tenido al corriente de lo que ha ido ocurriendo de alguna importancia en este puerto. Ahora le comunico lo siguiente: desde principio del mes de julio hasta la fecha, el Gobierno Nacional ha negado a la Standard exoneraciones por valor de noventa mil trescientos sesenta y seis bolívares [a lápiz: 90.366 bs.] Estas exoneraciones no han sido cobradas hasta el día de hoy. Es más: se habían extraviado o se fingió haberse extraviado los documentos donde constaba la deuda de la Standard.

Después de muchísimas diligencias, en un caos de papeles, se ha podido reconstituir la acreencia y las fechas correspondientes. El cuadro demostrativo que le adjunto le hará ver el trabajo que nos ha dado salvar para el gobierno de usted, junto con su crédito administrativo, estos 90.366,00 bolívares. Yo no quiero culpar a nadie; pero si hay culpa es de los reconocedores. Se hace duro citarlos por sus nombres; pero debo hacerlo: eran el señor Espinoza Pérez y un señor Ortega.

 

Me parece demasiada complacencia con la Standard y demasiada poca atención con los intereses del Fisco. Usted juzgará. Usted sabe que ante todo deseo colaborar en el lustre de su Administración, que soy hombre de orden y organizador. En Güiria no se me olvidarán estas tres cosas. Tampoco se me olvidarán en ningún sitio a donde usted pueda enviarme.

Su afectísimo amigo y servidor, R. Blanco Fombona

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